Un boleto de autobús y poco menos de 20 dólares en el bolsillo. Eso era todo con lo que contaba “Adrián” cuando pisó, por primera vez, territorio costarricense. No tuvo mucho tiempo para planear las cosas: la suya fue una salida de emergencia. En una Honduras marcada por la homofobia y los crímenes de odio, quedarse no era una opción.
La historia de Adrián, cuya identidad está protegida, puede sumarse a las de 1.797 personas que han llegado a Costa Rica en busca de refugio a mayo de este año, provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Sin embargo, se trata de un caso más complejo: Adrián forma parte de la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero y Transexuales) de los países del Triángulo Norte de Centroamérica que han solicitado refugio por motivos de persecución por su orientación sexual.
“Un nuevo tipo de refugiado”, le llaman algunos. Tan novedoso que en la mayoría de los países, al menos en Latinoamérica, este tipo de persecución no es reconocida como tal. En los formularios no existe esa opción para elegir y los solicitantes que llegan a las oficinas de migración muchas veces prefieren no mencionarlo.
“Quizá el reto más grande que estamos enfrentando es el ocultamiento: los tenemos en la calle (población LGBT) y no se identifican, no es fácil que lleguen a migración a pedir el mecanismo de protección y realmente estamos a riesgo de una indigencia por razones humanitarias”, comenta Zoilamérica Ortega, socióloga y una de las coordinadoras de la Comunidad Casabierta, organización que atiende a personas pertenecientes al movimiento de diversidad sexual en Centroamérica.
En el caso de las personas transexuales este proceso es más delicado. Muchas de ellas llegan al país y continúan ocultando su identidad o detienen el cambio de esta “por el acoso, las amenazas que continúan viviendo o por los niveles de traumatización que evidentemente son mucho mayores que los de las otras poblaciones”, señala Ortega.
Hablar de estos casos particulares conduce a cifras muy pequeñas. “Nosotros no nos dejamos llevar por los números”, advierte Ana Belén Anguita, oficial de Protección Senior del Acnur. “Lo que hacemos es poner servicios a disposición de estas personas para asegurarnos de que podemos seguir las tendencias. Esto nos ha llevado a ciertos beneficios, por ejemplo en Costa Rica recientemente los tribunales han reconocido la protección internacional a personas por estos motivos”, agrega.
En efecto, durante el 2015 la unidad del subproceso de refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) atendió seis solicitudes por temas de género, de las cuales se reconocieron cuatro. Un hecho que marca todo un precedente en la región, según Allan Rodríguez, jefe de dicha unidad.
Así mismo, para lo que llevamos del 2016, ya se tiene conocimiento de al menos cinco solicitudes donde se señala la persecución a grupos diversos como el principal motivo por el que se solicita protección.
Lo cierto es que, a pesar de ser pequeñas, las cifras están ahí y dan cuenta de lo que Adrián se empeña tanto en aclarar: “Ya no estamos buscando una migración económica, como fue por durante muchos años. Ahora estamos migrando por una situación de inseguridad en el país y la inseguridad individual que vivimos las personas de la comunidad LGBT en este momento”.
Su preocupación no es para menos. Entre el 2010 y el 2015 se registraron 166 crímenes de odio en Honduras en contra de personas de la población LGBT, de acuerdo con un informe realizado por la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH-SIDA (Apuvimeh) en ese país.
“En este contexto de escapar, de salvar la vida, decidimos salir del país no con un proyecto establecido ni con un plan a seguir, salimos del país y ya. Vienes acá en busca de tu protección y de rehacer tu vida, de salvarte, continuar”, comenta el hondureño.
Adrián llegó a Costa Rica con una hoja en blanco por delante. En su país él tenía un negocio propio, una familia y una pareja. La presión de las maras para que pagara el impuesto de guerra y las constantes amenazas contra su familia lo hicieron decidirse.
“Llegas a un límite donde ves que la situación está fuera de control, no podés hacer nada más”. Ahora él tiene cuatro años de estar en suelo tico y todavía se encuentra en el proceso para que le otorguen el refugio, pues su solicitud, en primera instancia, fue denegada.
Desorientación y miedo
“Josué” tiene 24 años y por fin comprará un clóset. Pudo haberlo hecho durante los últimos cuatro años, desde que llegó a Costa Rica; sin embargo, la incertidumbre sobre su condición migratoria y el miedo de ser devuelto a su país ni siquiera le permitían sacar la ropa de sus maletas.
Todo cambió hace un par de semanas, cuando le confirmaron que su solicitud de refugio había sido aprobada. El clóset es su regalo de celebración.
Al igual que Adrián, Josué pertenece a la comunidad LGBT. Su identidad también está protegida, por lo que ambos nombres son ficticios. Sin embargo, sus historias se repiten día a día en el territorio centroamericano, un éxodo de personas que huyen en busca de protección ante las crecientes olas de violencia en sus países de origen.
Si dejar todo atrás no es una decisión fácil, llegar a una frontera y toparse de frente con todos los trámites para realizar una solicitud de refugio tampoco lo es, particularmente cuando no se sabe por dónde empezar y los recursos con los que la persona cuenta son escasos.
“El mayor dilema para estas personas es a quién pueden contar sus historias, en quién pueden confiar y a quién pueden pedir ayuda”, apunta Ana Belén Anguita, protectora Senior de Acnur.
Para Josué, el proceso de adquirir la condición de refugiado significó una constante abertura de viejas heridas.
“Yo el primer año hice todo solo, fui a migración solo. Ya después conocí Casabierta. Fue tan estresante, es un proceso que da mucho miedo. Además, las entrevistas, dependiendo de la persona, son terribles porque te hacen como victimizarte, prácticamente te piden una foto para creerte”.
Es precisamente el marco probatorio que se les pide a las personas solicitantes de refugio uno de los aspectos a los que tanto Casabierta como el Acnur buscan una propuesta más integral y viable.
“Los muchachos requieren llevar un conjunto de pruebas que establecen las leyes y que para un perseguido por orientación sexual es muy difícil sostener”, comenta Zoilamérica Ortega.
En este sentido, Allan Rodríguez, de la DGME explica que la situación es bastante complicada, porque la discriminación y la violación de derechos fundamentales no siempre están documentadas como tales.
En estos casos específicos, la historia tal cual como la cuentan las personas, lo consistentes que puedan ser y la obligación de la administración de conocer el contexto de donde viene el o la solicitante son elementos tomados en cuenta para denegar o aprobar una solicitud.
“Ellos esperan (los de Migración) que sea una situación donde pasa algo y sales disparado. Yo creo que en mi caso era una situación más de violencia en mi hogar, en mi universidad, una violencia en mi pueblo donde ya no podía reconocer los diferentes lugares donde vivía y estudiaba como seguros”, apunta Josué.
Cuando llegó al país, su mayor deseo era dejar atrás el pasado y terminar sus estudios universitarios, por lo que debió buscar trabajo para pagar su carrera. Sin embargo, su condición como solicitante de refugio le cerró muchas puertas, principalmente por el desconocimiento de la misma institucionalidad costarricense respecto a los documentos emitidos por la DGME para refugiados.
